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junio 20, 2024
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Gobernantes indolentes de Casanare dejaron perder más de $27.403 millones para el ciudadano de a pie

Usted qué pensaría si fuera anciano, artista, deportista, estudiante universitario o cualquier otro ciudadano al descubrir que por culpa de las alcaldías y Gobernación de Casanare se dejaron de recibir $27.403 millones para sus programas de adulto mayor, cultura, deporte, bomberos, Unitrópico y hasta el Fondo de Seguridad Ciudadana.

Especial periodístico de alianza de medios www.casanarehoy.com.co y www.marthacifuentes.com

Todo por cuenta de que prefirieron realizar contratos con Fondos Mixtos y/o Asociaciones -que no están obligados a pagar impuestos- en vez de hacer licitaciones o contratar con sus propias entidades descentralizadas.

Tristemente en un discurso de doble moral, mientras los alcaldes salientes hablaban con sentimiento de su trabajo por sus viejitos, el valor heroico de sus bomberos, el apoyo a sus artistas y deportistas, el respaldo de la universidad púbica de Casanare Unitrópico, la prioridad imperiosa e inaplazable de la seguridad ciudadana, utilizaron esta figura para contratar estos recursos sin pensar en toda esta población.

Resulta que esos miles de millones de pesos que se dejaron de recibir son por el no pago de los gastos de legalización de contratos que sumaron cerca de 300 mil millones de pesos con dichos Fondos Mixtos y/o Asociaciones, los cuales no pagan estos impuestos por estar exentos en los estatutos de rentas.

Pues esto es una realidad ya corroborada por la Contraloría Departamental de Casanare, que muy acuciosamente recolectó información referente a los múltiples proyectos aprobados y en ejecución con recursos del Sistema General de Regalías de los bienios 2021-2022 y 2023-2024.

De la información obtenida de la Gobernación de Casanare y las alcaldías, se logró establecer que, para infortunio, desilusión y rechazo de los sectores más vulnerables se dejaron de recibir:

  • Más de 7 mil millones de pesos en estampilla proadulto mayor
  • Cerca de 3 mil millones de la estampilla Procultura
  • Más de 6.200 millones de la estampilla Prodeporte
  • 542 millones de la estampilla Prodesarrollo,
  • 21 millones de sobretasa bomberil
  • 11 millones de estampilla proelectrificación y 18 millones projusticia
  • 794 millones de la estampilla Prounitropico
  • 5.500 millones de pesos del Fondo de Seguridad Ciudadana
  • y como si no se necesitaran los ingresos propios, también se afectó el impuesto de industria y comercio con 204 millones.

Al traste con la transparencia y control territorial

Si bien contratar con estos fondos o asociaciones es legal porque son entidades ejecutoras establecidas en la ley 2056 de 2020 que reglamentó el Sistema General de Regalías, las contrataciones a través de estos son básicamente una forma de evadir los procesos licitatorios y facilita la contratación rápida y a dedo. Así lo han reconocido expertos en contratación consultados, para los cuales son simple y llanamente contrataderos.

Además de ello también implica que los entes territoriales pierden el poder de control de sus recursos. Esto se explica así: Un alcalde determina que la entidad ejecutora de un proyecto con regalías es un fondo o asociación. A partir de ese momento la entidad ejecutora se entiende directamente con el Ministerio de Hacienda para el desembolso de los recursos, y contrata bajo la modalidad que quiera la obra, en forma directa o por licitación pública.

Pero el ejecutor no le responde al municipio o Gobernación por la información de ejecución financiera y física de la obra sino a una plataforma denominada GESPROY del DNP, donde debe subir mensualmente la información contractual, avances físicos y financieros y ejecución del proyecto.

Pero para consultar allí el ciudadano debe contar con un registro y, en todo caso, no hay información detallada, solo unas tortas porcentuales de esa ejecución.

Otro asunto pendiente de aclarar es quién se queda con esos recursos que dejan de pagar por impuestos y contribuciones si se considera que cuando el proyecto se radica en el OCAD para aprobación ya lleva estos valores incluidos.

Y no solo estos recursos, queda pendiente saber del destino de los rendimientos financieros. En los contratos finales de la entidad ejecutora con el contratista ejecutor, se establece usualmente que los rendimientos financieros le serán girados a la entidad ejecutora pero no si estos serán devueltos al titular de los recursos, es decir a la entidad territorial.

De acuerdo a la información que la Contraloría Departamental de Casanare consolidó, los fondos mixtos o asociaciones ejecutaron recursos por 295.763 millones de pesos de la siguiente manera:

Asociación Regional de Municipios AREMCA: 49.702 millones de pesos.

Fondo Mixto Para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada: 139 mil millones de pesos.

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso ASOSUPRO por 59.612 millones de pesos.

Región Administrativa y de Planificación RAP LLANOS: 42.825 millones de pesos

Asociación Afrocolombianos Asociados por el Desarrollo de Aguazul Casanare, AFROASODEAC: 2.700 millones de pesos.

Fondo Mixto para el Desarrollo Integral y la gestión social de Colombia FONCOLOMBIA: 1.844 millones de pesos.

Los municipios que más contrataron con estos fondos fueron:

Recabando, tenemos que:

1.       Impacto en la población vulnerable: La decisión de las alcaldías y la Gobernación de Casanare de contratar con Fondos Mixtos y/o Asociaciones ha llevado a una disminución significativa en los fondos destinados a programas vitales para la población vulnerable. Esto incluye programas para adultos mayores, cultura, deporte, bomberos, Unitrópico y el Fondo de Seguridad Ciudadana.

2.       Evasión de procesos licitatorios: Aunque la contratación con estos fondos o asociaciones es legal, se ha utilizado como una forma de evadir los procesos licitatorios. Esto facilita la contratación rápida y a dedo, lo que puede llevar a la falta de transparencia y rendición de cuentas.

3.       Pérdida de control de los recursos y las obras: Al contratar con estos fondos o asociaciones, los entes territoriales pierden el control de sus recursos. Esto significa que no pueden supervisar directamente cómo se utilizan estos fondos, lo que puede llevar a un uso ineficiente o inadecuado de los recursos.

4.       Exención de impuestos: Los Fondos Mixtos y/o Asociaciones están exentos de pagar ciertos impuestos, lo que significa que se pierden ingresos que podrían haberse utilizado para financiar programas y servicios vitales.

5.       Necesidad de reforma: Esta situación subraya la necesidad de reformar las leyes y regulaciones que permiten este tipo de contratación. Es necesario garantizar que los procesos de contratación sean transparentes, responsables y que prioricen las necesidades de la población vulnerable.

6.       Riesgo de alto índice de corrupción: Con este mecanismo, los gobernantes son susceptibles a concertar con el Fondo o Asociación participaciones económicas a cambio de su selección como entidad ejecutora. Con esta figura es más difícil hacer control en ese aspecto.

Coletilla:

En un próximo informe les contaremos de cómo bajo el disfraz de la asociación entre entes territoriales para impulsar el desarrollo se crearon reales oficinas de contratación o como se les dice popularmente contrataderos.

En unos casos ingresaron como socios personas naturales no jurídicas, sí, como cualquier parrroquiano, en otros las hacen pasar como Regiones Administrativas de Planificación Regional, al amparo de la exclamada y aplazada necesidad de ordenamiento territorial, y así.

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